Todd Howland, Representante en Colombia de la ONU, analiza la situación en el Cauca.
¿Pueden pelear esta guerra en
otra parte? De alguna manera, esta idea es fácil de entender y de
apoyar. La primera pregunta que se hacen los indígenas es ¿por qué la
guerra en nuestro patio trasero?
La mayoría de colombianos pueden vivir en paz y pueden enviar a sus hijos al colegio, visitar una clínica o un médico, salir a trabajar sin sentir temor de perder sus vidas. Y todos los indígenas quieren lo mismo, quieren la paz y los beneficios que vivir en paz brinda.
Por supuesto, ante esta propuesta de pelear en otra parte ni las FARC ni la Fuerza Pública responderán: seguro nosotros podemos encontrar un lugar aislado y pelear allí.
El conflicto armado no es ordenado ni limpio. Hoy las personas viven en áreas donde hay conflicto armado. Y cada vez de forma más frecuente ellas son víctimas de las circunstancias. Unas circunstancias crueles tanto para las personas como para sus familias.
Claramente es muy duro ser neutral en una zona de conflicto y sobrevivir.
Pero, ¿por qué la población indígena, que históricamente ha sido marginada en Colombia, y en la mayoría de países, es anfitriona del conflicto armado y lo sufre?
La idea de exigirle a las FARC y a la Fuerza Pública salir del territorio es complicada y políticamente sensible, dado que toca el tema de soberanía, el cual ha provocado confrontaciones entre algunos gobiernos con los indígenas. Este no es un problema fácil de resolver.
Desde la óptica del conflicto armado, en Colombia este tema puede ser particularmente sensible porque algunos lo plantean como una estrategia de las FARC o una estrategia de algunos indígenas que simpatizan con las FARC, y en este punto la discusión se enturbia, y no permite que se esgriman los argumentos.
Claramente, el debate es muy interesante desde el análisis del derecho internacional de los derechos humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos señala que las decisiones que afectan a la población deberían tomarse sólo después de que la población haya participado de su construcción.
Normalmente, en un proceso democrático las personas tienen las garantías suficientes de participación para influir en las decisiones que las afectan, y pueden votar en contra de sus representantes.
Sin embargo, los indígenas históricamente no han estado bien representados a través de procesos democráticos y por esta razón el derecho internacional de los derechos humanos cuenta con desarrollos adicionales para defender los derechos de los pueblos indígenas y entraña también obligaciones adicionales para que los Estados los protejan.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU en 2007, y refleja el compromiso de los Estados miembros de la ONU para que sea aplicada en sus territorios. Varios países la han integrado a su normativa interna.
En el caso de Colombia, el Estado votó a favor de la Declaración en la Asamblea General y algunos aspectos de este documento están incorporados en la legislación interna del país.
El artículo 30 de la Declaración dice:
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Lo que es importante en la Declaración es que la consulta relativa a las acciones militares es un estándar internacional deseable. Existen entonces bases legales para que la población indígena exija tener participación en las decisiones que la impactan, en particular los combates en su territorio.
¿El interés público o la seguridad nacional están por encima de los derechos humanos? Esta es realmente una pregunta equivocada. El interés público de un país de proteger a sus ciudadanos debería ser el primer interés de la seguridad nacional. Por esta razón la seguridad nacional crece, cuando crecen el respeto y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
En los últimos años, las Naciones Unidas prestan gran atención a la protección de los civiles dentro de los conflictos armados. Esto eleva la responsabilidad que tienen las partes del conflicto de respetarlos y responder por las violaciones en su contra, en los sitios en los cuales combaten. Su responsabilidad no es sólo sobre quién dispara y dónde dispara, sino especialmente sobre quién está respetando los derechos de la población que está viviendo en un lugar determinado.
El problema por supuesto es que frecuentemente el fin justifica los medios. En un conflicto generalmente hay que sacrificar algo para obtener un bien mayor. ¿Podría no ser posible combatir la insurgencia, crear paz para todos, y no generar el impacto negativo sobre algunos?
En un conflicto, la lucha contra el enemigo y su derrota se convierten en la principal meta y la razón de ser. Proteger a todos los ciudadanos, sin que ninguno de ellos pierda nada, puede ser considerado molesto. Y los que obstaculizan la lucha contra el enemigo pueden ser vistos como parte del problema o incluso como simpatizantes de las FARC.
Las exigencias de los indígenas en el Cauca son interesantes, y al mismo tiempo crean mucha controversia. Los indígenas están llamando a todas las partes del conflicto armado interno y diciéndoles que no son bienvenidos en su territorio, y que este conflicto no es de los indígenas.
Los indígenas tienen razones morales y humanitarias significativas para pedir que el conflicto salga de su territorio, pero al mismo tiempo tienen un poder limitado para empujar esta exigencia. Sus esfuerzos en la búsqueda de esta meta pueden llevar a que algunos de ellos pierdan sus vidas.
Los indígenas tienen el derecho a ser consultados por el Gobierno sobre cómo usar su territorio, y exigirlo porque ellos no están disfrutando de los mismos derechos que el resto de colombianos. Los indígenas tienen derecho a pedir respeto tanto al Gobierno como a las FARC.
Durante mi visita al Norte del Cauca hace pocos días, fue evidente que los indígenas están hastiados del conflicto armado en su territorio y están tomando acciones con el fin de que no los afecte. Ellos cuentan con el poder de su acción solidaria, colectiva y mística para lograrlo.
La Fuerza Pública parece tener una misión imposible. La misión de proteger a la población que no quiere ser protegida por ellos y al mismo tiempo tomar medidas que no son fáciles de entender para los soldados ni para los oficiales. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública debe además enfrentar la guerra con las FARC.
Ninguno está en la misma página. La tensión se agudiza. Los pronunciamientos públicos y las acciones cada vez hacen más difícil la discusión. La situación humanitaria empeora, y cada día hay más personas en situación de desplazamiento.
El diálogo efectivo es necesario entre el Estado y los indígenas. Es urgente un entendimiento mutuo. Es necesario que el Estado consulte a los indígenas y reconozca que puede hacerlo aún en el conflicto armado. Para lograr este objetivo pueden usarse diferentes foros, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior.
Es necesario el diálogo entre el Estado y las FARC. Los conflictos armados pocas veces finalizan con victorias militares. El de Colombia no parece ser la excepción. Lo que es seguro, es que si Colombia escoge una solución militar, un porcentaje de la población colombiana seguirá atrapado en la mitad del conflicto.
Los indígenas del Cauca son parte de ese porcentaje de la población que continúa sufriendo el impacto del conflicto armado, para ellos el día a día se parece al de cualquier país del mundo en guerra, en el cual los disparos, los morteros, las heridas o la muerte están presentes. Por esta razón, tiene sentido que ellos estén pidiendo el disfrute de sus derechos, así como la mayoría de los colombianos pueden hacerlo, fuera del conflicto.
La mayoría de colombianos pueden vivir en paz y pueden enviar a sus hijos al colegio, visitar una clínica o un médico, salir a trabajar sin sentir temor de perder sus vidas. Y todos los indígenas quieren lo mismo, quieren la paz y los beneficios que vivir en paz brinda.
Por supuesto, ante esta propuesta de pelear en otra parte ni las FARC ni la Fuerza Pública responderán: seguro nosotros podemos encontrar un lugar aislado y pelear allí.
El conflicto armado no es ordenado ni limpio. Hoy las personas viven en áreas donde hay conflicto armado. Y cada vez de forma más frecuente ellas son víctimas de las circunstancias. Unas circunstancias crueles tanto para las personas como para sus familias.
Claramente es muy duro ser neutral en una zona de conflicto y sobrevivir.
Pero, ¿por qué la población indígena, que históricamente ha sido marginada en Colombia, y en la mayoría de países, es anfitriona del conflicto armado y lo sufre?
La idea de exigirle a las FARC y a la Fuerza Pública salir del territorio es complicada y políticamente sensible, dado que toca el tema de soberanía, el cual ha provocado confrontaciones entre algunos gobiernos con los indígenas. Este no es un problema fácil de resolver.
Desde la óptica del conflicto armado, en Colombia este tema puede ser particularmente sensible porque algunos lo plantean como una estrategia de las FARC o una estrategia de algunos indígenas que simpatizan con las FARC, y en este punto la discusión se enturbia, y no permite que se esgriman los argumentos.
Claramente, el debate es muy interesante desde el análisis del derecho internacional de los derechos humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos señala que las decisiones que afectan a la población deberían tomarse sólo después de que la población haya participado de su construcción.
Normalmente, en un proceso democrático las personas tienen las garantías suficientes de participación para influir en las decisiones que las afectan, y pueden votar en contra de sus representantes.
Sin embargo, los indígenas históricamente no han estado bien representados a través de procesos democráticos y por esta razón el derecho internacional de los derechos humanos cuenta con desarrollos adicionales para defender los derechos de los pueblos indígenas y entraña también obligaciones adicionales para que los Estados los protejan.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU en 2007, y refleja el compromiso de los Estados miembros de la ONU para que sea aplicada en sus territorios. Varios países la han integrado a su normativa interna.
En el caso de Colombia, el Estado votó a favor de la Declaración en la Asamblea General y algunos aspectos de este documento están incorporados en la legislación interna del país.
El artículo 30 de la Declaración dice:
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Lo que es importante en la Declaración es que la consulta relativa a las acciones militares es un estándar internacional deseable. Existen entonces bases legales para que la población indígena exija tener participación en las decisiones que la impactan, en particular los combates en su territorio.
¿El interés público o la seguridad nacional están por encima de los derechos humanos? Esta es realmente una pregunta equivocada. El interés público de un país de proteger a sus ciudadanos debería ser el primer interés de la seguridad nacional. Por esta razón la seguridad nacional crece, cuando crecen el respeto y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
En los últimos años, las Naciones Unidas prestan gran atención a la protección de los civiles dentro de los conflictos armados. Esto eleva la responsabilidad que tienen las partes del conflicto de respetarlos y responder por las violaciones en su contra, en los sitios en los cuales combaten. Su responsabilidad no es sólo sobre quién dispara y dónde dispara, sino especialmente sobre quién está respetando los derechos de la población que está viviendo en un lugar determinado.
El problema por supuesto es que frecuentemente el fin justifica los medios. En un conflicto generalmente hay que sacrificar algo para obtener un bien mayor. ¿Podría no ser posible combatir la insurgencia, crear paz para todos, y no generar el impacto negativo sobre algunos?
En un conflicto, la lucha contra el enemigo y su derrota se convierten en la principal meta y la razón de ser. Proteger a todos los ciudadanos, sin que ninguno de ellos pierda nada, puede ser considerado molesto. Y los que obstaculizan la lucha contra el enemigo pueden ser vistos como parte del problema o incluso como simpatizantes de las FARC.
Las exigencias de los indígenas en el Cauca son interesantes, y al mismo tiempo crean mucha controversia. Los indígenas están llamando a todas las partes del conflicto armado interno y diciéndoles que no son bienvenidos en su territorio, y que este conflicto no es de los indígenas.
Los indígenas tienen razones morales y humanitarias significativas para pedir que el conflicto salga de su territorio, pero al mismo tiempo tienen un poder limitado para empujar esta exigencia. Sus esfuerzos en la búsqueda de esta meta pueden llevar a que algunos de ellos pierdan sus vidas.
Los indígenas tienen el derecho a ser consultados por el Gobierno sobre cómo usar su territorio, y exigirlo porque ellos no están disfrutando de los mismos derechos que el resto de colombianos. Los indígenas tienen derecho a pedir respeto tanto al Gobierno como a las FARC.
Durante mi visita al Norte del Cauca hace pocos días, fue evidente que los indígenas están hastiados del conflicto armado en su territorio y están tomando acciones con el fin de que no los afecte. Ellos cuentan con el poder de su acción solidaria, colectiva y mística para lograrlo.
La Fuerza Pública parece tener una misión imposible. La misión de proteger a la población que no quiere ser protegida por ellos y al mismo tiempo tomar medidas que no son fáciles de entender para los soldados ni para los oficiales. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública debe además enfrentar la guerra con las FARC.
Ninguno está en la misma página. La tensión se agudiza. Los pronunciamientos públicos y las acciones cada vez hacen más difícil la discusión. La situación humanitaria empeora, y cada día hay más personas en situación de desplazamiento.
El diálogo efectivo es necesario entre el Estado y los indígenas. Es urgente un entendimiento mutuo. Es necesario que el Estado consulte a los indígenas y reconozca que puede hacerlo aún en el conflicto armado. Para lograr este objetivo pueden usarse diferentes foros, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior.
Es necesario el diálogo entre el Estado y las FARC. Los conflictos armados pocas veces finalizan con victorias militares. El de Colombia no parece ser la excepción. Lo que es seguro, es que si Colombia escoge una solución militar, un porcentaje de la población colombiana seguirá atrapado en la mitad del conflicto.
Los indígenas del Cauca son parte de ese porcentaje de la población que continúa sufriendo el impacto del conflicto armado, para ellos el día a día se parece al de cualquier país del mundo en guerra, en el cual los disparos, los morteros, las heridas o la muerte están presentes. Por esta razón, tiene sentido que ellos estén pidiendo el disfrute de sus derechos, así como la mayoría de los colombianos pueden hacerlo, fuera del conflicto.
Todd Howland
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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