
Cinco
mitos sobre los indígenas del Cauca
Por: César Rodríguez Garavito
A juzgar por el debate sobre el
Cauca, los del pensamiento mítico no son los indígenas, sino quienes exigen
“ponerlos en su sitio” con argumentos que convencen en un coctel bogotano, pero
desconocen por completo la realidad de los nasas y los demás pueblos indígenas.
Para avanzar en las negociaciones que en buena hora convocó el Gobierno,
conviene comenzar por desmantelar los mitos.
El primero es que la protesta es sorpresiva, producto de un arranque de
radicalismo. En realidad, los nasas (o “paeces”, como insisten en llamarlos los
desinformados) vienen movilizándose hace años y pidiendo sin éxito mesas de
diálogo como la actual. Lo hicieron por última vez en 2009, cuando marcharon
hasta Cali a pedir lo mismo que ahora: que se respete su neutralidad en el
conflicto armado y se protejan sus vidas y territorios.
Si hay algún
responsable de la situación actual, es el gobierno Uribe, cuyos funcionarios
quieren pescar en el río revuelto que provocaron con su lamentable reacción a
la marcha de 2009. En lugar de escuchar a los indígenas, intentaron dividirlos.
Basta repasar los videos del exministro Valencia Cossio asistiendo a la
ceremonia de fundación de la OPIC, la asociación de un puñado de indígenas
patrocinados por el gobierno anterior para celebrar la fallida seguridad
democrática y deslegitimar al CRIC, la organización histórica de los nasa. Como
el descaro es superado sólo por la falta de memoria, hoy los medios afectos al
uribismo le abren los micrófonos a la OPIC para “escuchar una voz indígena
distinta”.
El segundo mito es
que los indígenas rebelados siguen órdenes de las Farc. Pero cualquiera que
haya estado en el norte del Cauca, o visitado las comunidades de la Sierra
Nevada, la Orinoquia o la Amazonia, sabe lo que la Organización Nacional
Indígena de Colombia ha dicho hace tiempo: que los indígenas son las primeras
víctimas de las Farc, que la guerrilla sigue sembrando minas quiebrapatas en
los territorios embera para proteger las rutas del narcotráfico en Córdoba y
que continúa desplazando y asesinando a líderes awás y de otros pueblos por
oponerse al control guerrillero.
De modo que la
acusación de complicidad colectiva con las Farc no resiste el menor examen
empírico. Y los mismos nasas han denunciado y castigado casos individuales de
infiltración.
Entonces, ¿por qué
la resistencia indígena a la presencia militar? El interrogante es válido, pero
da por sentado el tercer mito: que las Fuerzas Armadas han garantizado la
seguridad y los derechos de las comunidades. En realidad, con frecuencia han
hecho lo contrario, como lo sugiere el asesinato sin resolver del líder nasa
Edward Legarda. O el recuerdo fresco de la desprotección de pueblos enteros
como los kankuamos de la Sierra, que estuvieron cerca de ser exterminados por
los paramilitares ante la mirada pasiva de las Fuerzas Armadas. Nada de esto
implica que el Ejército deba salir del Cauca, pero sí explica el reclamo
desesperado de los nasas.
Lo cual nos lleva
al cuarto mito: que los detalles de las operaciones militares en territorio
indígena son innegociables por orden de la Constitución. La verdad es que la
misma Carta —junto con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU— exige que el tema sea consultado con las
comunidades afectadas, como lo está haciendo el Gobierno.
Con ello llegamos
al último mito: que la consulta no va a funcionar porque los indígenas no
conciertan. Pero el propio Aurelio Iragorri, vocero gubernamental en las
negociaciones caucanas, sabe que es posible lograr acuerdos cuando hay voluntad
política y diálogos genuinos. Así sucedió el año pasado con la consulta del
excelente decreto-ley sobre reparación a víctimas indígenas.
Hacen bien el
gobierno y los nasas en evitar la violencia y sentarse a dialogar. Ojalá los
dejen los fabricantes de mitos.
*Miembro fundador
de Dejusticia (www.dejusticia.org).
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